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A. Subdivisión política u organismo público Cuando la parte que representa al Estado Contratante no es el propio gobierno sino tan sólo una "subdivisión política" o un "organismo público", se deben llenar dos requisitos especiales de conformidad con el Artículo 25(1) y (3) del Convenio, a saber: a) La subdivisión política o el organismo público deben estar acreditados por el Estado Contratante ante el Centro, y b) El consentimiento dado por la subdivisión política o el organismo público: i) debe ser aprobado por el Estado, o ii) debe ser un consentimiento en cuya virtud el Estado ha notificado al Centro que dicha aprobación no es necesaria. Si bien la cláusula que se sugiere a continuación no llena directamente9 estos requisitos, constituye un recordatorio útil de los pasos que deben seguirse, con preferencia antes de la fecha de entrada en vigor de la cláusula de consentimiento. B. Estipulación relativa a la nacionalidad del inversionista Si el inversionista es una persona natural, el Convenio exige que ella sea nacional de un Estado Contratante distinto del Estado Receptor, tanto en la fecha del consentimiento como en la fecha de registro de la solicitud de conciliación o arbitraje, y que en ninguna de las dos fechas mencionadas tenga la nacionalidad del Estado Receptor. Si el inversionista es una persona jurídica, salvo lo estipulado en la Sección III (C) más adelante, simplemente debe tener en la fecha del consentimiento la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado Receptor. Si bien el Convenio no exige que se especifique la nacionalidad en el acuerdo de consentimiento, y la estipulación relativa a la nacionalidad no sirve para subsanar una inhabilitación real (salvo, también, lo estipulado en la Sección III (C)), puede ser útil especificar la nacionalidad del inversionista por medio de una cláusula como la que se consigna a continuación. C. Acuerdo acerca de que una persona jurídica está sujeta al control de otro Estado Si el inversionista es una persona jurídica que en la fecha del consentimiento tiene la nacionalidad del Estado Receptor, el Artículo 25(2)(b) del Convenio permite aún al Centro arrogarse la competencia si las partes han acordado que, "por estar sometida a control extranjero", debe atribuirse a dicha persona jurídica el carácter de nacional de otro Estado Contratante a los efectos del Convenio. En ese caso, las partes pueden dejar constancia de su acuerdo en cuanto a la nacionalidad del inversionista en una cláusula como la que se consigna a continuación. D. Amparo de los derechos del inversionista después del pago de una indemnización Varios Estados han establecido, generalmente a través de sus entidades públicas, planes para asegurar a sus nacionales contra las pérdidas que puedan sufrir en relación con las inversiones extranjeras. En la actualidad también existen dos organizaciones intergubernamentales -el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y la Corporación Inter-Arabe de Garantía de Inversiones- que administran planes similares de seguros de inversiones. Si una de tales organizaciones gubernamentales o intergubernamentales paga una indemnización a un inversionista, el organismo respectivo normalmente se subrogará en los derechos del inversionista. Con todo, el organismo tal vez no pueda hacer valer en su favor el acuerdo que dispone el arreglo de diferencias conforme a lo dispuesto en el Convenio, tal como se pudiera haber convenido originalmente entre el inversionista y el Estado Receptor. Ello es así por cuanto no se facilitan los mecanismos del CIADI para los procedimientos entre organismos gubernamentales o entre gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Por lo tanto, puede ser necesario que en toda diferencia el procedimiento sea iniciado por el inversionista. A fin de prever esta situación, se puede utilizar la siguiente cláusula. 9 - Con excepción de la posibilidad contemplada en el texto de la nota 10 siguiente.
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